Paraguay inicia proceso de regulación de activos digitales, con importante rol de CAVAPY
- Marta Helena Garcia Sanabria
- hace 6 horas
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El superintendente de Valores, Rodrigo Ruíz, anunció que en la segunda generación de reglamentaciones de la nueva Ley del Mercado de Valores se incorporarán normas relacionadas con las innovaciones en tecnología financiera.
Durante la charla “ACTIVOS DIGITALES: El futuro financiero”, destacó que la función de la Caja de Valores evoluciona en este contexto, al establecerse como infraestructura de post-negociación clave para que se materialicen las bondades y promesas de este mercado.
La Caja de Valores del Paraguay (CAVAPY) y la empresa Excelsis realizaron la charla denominada “ACTIVOS DIGITALES: El futuro financiero”, llevada a cabo este martes en el Hotel Sheraton de Asunción. En la oportunidad, se abordaron temas de actualidad referentes al mercado de capitales y su relacionamiento con las nuevas tecnologías, desde la experiencia vivida en otros países y el análisis de la coyuntura local.
El superintendente de Valores, Rodrigo Ruíz, formó parte del debate y durante su intervención anunció que ya se han iniciado los trabajos para la reglamentación de la Ley 7572/25 en sus aspectos referentes a los activos digitales.
Apuntó que la presencia del regulador en este debate “no es un mero acto protocolar”, y que por el contrario “es una toma de posición” que significa que la Superintendencia no está solamente observando este proceso desde afuera, sino que lo está acompañando, analizando y estudiando para encauzarlo.
“La tecnología cambia el cómo, pero no cambia la naturaleza de los riesgos que todo regulador debe administrar, que son la protección del inversionista, la integridad del mercado, la estabilidad del sistema”, puntualizó.

Al mismo tiempo, explicó que la digitalización de un activo no es un fenómeno que afecte exclusivamente al mercado de capitales, por lo que es ideal analizarlo de forma integrada y no fragmentada, “de modo a que se capturen las oportunidades sin trasladar riesgos de un sector a otro innecesariamente y sin medirlo”, dijo.
“El principio sobre el cual nosotros regulamos es el de la neutralidad tecnológica, es decir, no regulamos la tecnología. Todo activo que represente un derecho financiero para un inversionista tiene que tener las mismas garantías”, puntualizó con respecto al prisma desde el cual el regulador observa este debate que se está generando en el mercado y la sociedad.
Expresó que tanto la tenencia como la custodia, la trazabilidad y la liquidación cierta, deben ser elementos considerados con rigor, independientemente a que el activo esté registrado en un libro tradicional o en un blockchain. “Las innovaciones son bienvenidas, pero las salvaguardas no son negociables. Paraguay no va a arrancar esto desde un vacío, porque la Ley ya contempla esta realidad. El artículo 73 ya reconoce los valores emitidos, registrados, almacenados o transferidos”, sostuvo.
Agregó que la nueva Ley refleja una decisión deliberada: la neutralidad tecnológica. Sobre esa base, informó que la Superintendencia de Valores (SIV) y el Banco Central del Paraguay (BCP) están trabajando en la segunda generación de reglamentaciones de la mencionada Ley, donde se incluirán las innovaciones. “Vamos a trabajar con el mismo rigor técnico, con el principio que ya fue consagrado por IOSCO: misma actividad, mismo riesgo, mismo resultado regulatorio”, enfatizó.
“Desde el regulador, recibimos con total apertura este debate, reconocemos que la sobrerregulación desalienta la innovación; pero, al mismo tiempo, la falta de regulación o la regulación tardía expone al inversor y, tarde o temprano, afecta al mercado en general. Encontrar este punto justo es lo que busca la SIV para regular con principio de proporcionalidad”, añadió.

Un rol que evoluciona
El superintendente Ruiz hizo una mención especial a la función que cumple CAVAPY en este escenario de mejoramiento de la regulación por el que atravesará el sector de activos digitales. Reconoció que, en este contexto, una infraestructura de post-negociación sólida es central, requerimiento que cumple la Caja de Valores por su rol y naturaleza.
“Para que se vean las bondades o promesas de lo que son los valores tokenizados, como la eficiencia y la trazabilidad, esto se va a sostener solo si existe certeza sobre la titularidad y la legitimidad de las operaciones”, aseveró.
“Hay que tener presente que la tecnología no reemplaza la confianza institucional, la tecnología necesita de esa confianza institucional como cimiento, como base. Entonces, el rol de la Caja de Valores no pierde protagonismo, sino que evoluciona, porque pasa a custodiar claves, registros sobre los que se sostiene la titularidad de los instrumentos”, concluyó.
Alejandro Berney, presidente de la Asociación de Depósitos Centrales de Valores de América (ACSDA, por sus siglas en inglés), expuso sobre este tema que los servicios digitales centrales de una depositaria de valores como CAVAPY se basan en cinco bloques operativos: emisión tokenizada, registro e identidad, custodia digital, settlement y collateral, e interoperabilidad.
De esta manera, consideró que se extienden las funciones básicas al mundo tokenizado, ya que se pasa a crear valores digitales o representaciones tokenizadas; validar su existencia, cantidad emitida y titularidad sin riesgos de duplicación; proteger tokens, claves, segregación y derechos de clientes; liquidar operaciones y movilizar garantías; y conectar redes, legacy, compliance, reporting y corporate actions.
“En síntesis, una depositaria puede brindar los servicios de emitir, registrar, custodiar, liquidar y conectar activos digitales con infraestructura regulada”, aseveró el también, director ejecutivo de la Caja de Valores de Argentina y miembro del Comité Ejecutivo de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

Situación actual de la normativa paraguaya
Pablo Debuchy, socio del Estudio Jurídico Gross Brown, fue otro de los expositores en la charla “ACTIVOS DIGITALES: El futuro financiero”. En la ocasión, relató la normativa actual que rige para el sector y explicó que Paraguay no cuenta con una ley integral sobre activos digitales, pero sí con normas sectoriales de relevancia.
Entre ellas, recordó que el BCP había sentado una posición institucional relacionada únicamente con las criptomonedas, mas no con respecto al mercado de activos digitales en su conjunto. A través de un comunicado emitido en noviembre del 2022, la banca matriz advirtió que las criptomonedas no son emitidas por bancos centrales ni tienen curso legal, y constituyen inversiones de alto riesgo por su volatilidad.
Por su parte, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) clasifica a los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) como sujetos obligados; mientras que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) exige una Declaración Jurada Informativa de Criptoactivos a plataformas que operen en el país y a residentes que operen con criptoactivos con transacciones anuales que superen los USD 5.000.
“El equilibrio entre innovación y protección define la competitividad del país. La supervisión de emisores y prestadores reduce fraudes y promueve la transparencia; pero exigir licencias costosas o capital mínimo elevado puede mermar la innovación, y una normativa demasiado detallada puede volverse obsoleta con rapidez. Los países con enfoques flexibles pueden resultar más competitivos para atraer inversiones”, expresó.

Panorama internacional
Renato Teixeira, Distinguished Engineer de Oracle América Latina, destacó a su vez las oportunidades que se presentan para el sector bancario a partir de la expansión que se vive en el mercado de activos digitales. “La transformación de activos del mundo real en tokens representa la mayor oportunidad de la década para instituciones financieras”, puntualizó, durante su presentación titulada “Activos digitales en el sector bancario”.
La posibilidad de liquidación instantánea es una de las mayores oportunidades que se presentan para el sector bancario, con el devenir de los activos digitales, según Teixeira. “La sustitución de la infraestructura heredada redefine la velocidad y el riesgo de contraparte en operaciones bancarias críticas”, comentó sobre este tema.
Al mismo tiempo, comparó el modelo tradicional, que tiene múltiples intermediarios de conciliación, con el modelo de activos digitales, donde la liquidación es instantánea con una reducción drástica del riesgo operacional.
Los nuevos flujos de ingresos a partir del ámbito de los activos digitales también son una oportunidad para el sector bancario, según Teixeira. Puso como ejemplo a la custodia institucional, como puede ser el servicio de almacenamiento de claves privadas o “wallets” de nivel corporativo, así como la constitución de plataformas de emisión (tokenización como un servicio) y la creación de mercados secundarios para proveedor de liquidez a activos recién tokenizados.
Por el contrario, uno de los desafíos que advierte el especialista para el sector bancario en este contexto es el de la interoperabilidad: “El escenario actual de activos digitales sufre una fragmentación extrema. Las instituciones financieras corren el riesgo de crear nuevos ‘silos’ tecnológicos”, puntualizó, al momento de referir que la falta de puentes seguros entre diferentes blockchains corporativos puede ser un problema.
También apuntó entre los riesgos a la seguridad y custodia, ya que el modelo de custodia digital exige una responsabilidad técnica rigurosa, donde la pérdida de la clave criptográfica significa la pérdida absoluta del activo.
Durante el evento, por su parte, Cristóbal Pereira, Director Ejecutivo de Digital Assets Hub LATAM y CFRO de Anyenk brindó algunas cifras sobre el mercado de activos digitales, particularmente sobre stablecoins (tokens vinculados con relación 1 a 1 con una moneda, casi siempre el dólar).
Según apuntó el experto, el mercado de stablecoins se multiplicó por 10 entre el 2020 y la actualidad, pasando de un total de USD 28.000 millones a un total de USD 319.000 millones en ese periodo. El flujo de movimiento de stablecoins es de unos USD 46.000 millones al año, superior al movimiento anual de las principales emisoras de tarjetas de crédito, VISA (USD 17.000 millones) y Mastercard (USD 10.000 millones).
Foto principal: Pablo Debuchy, socio del Estudio Jurídico Gross Brown; y Renato Teixeira, Distinguished Engineer de Oracle América Latina, en la charla "ACTIVOS DIGITALES: El futuro financiero".





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